Sinopsis


La extinción de fideicomisos públicos, no solo reafirma el patrón del Presidente de gobernar por decreto, sino que rompe con el valor jurídico del país, al incrementar la incertidumbre que se genera como consecuencia del incumplimiento de contratos en los que se depositan intereses y derechos de personas y empresas. Además, la exclusión de la Cámara de Diputados y la falta de transparencia en el uso que se le dará a los recursos que se concentraban en los fideicomisos desaparecidos vulnera el orden de contrapesos del sistema político de México.